El artículo académico “Políticas Públicas y Perspectiva de género: El acceso de las mujeres a programas de vivienda en México y Colombia”, de Ximena Fuentes Poblete, Yenny Yolanda Ortiz Bernal y Luis Arturo Vázquez Honorato, analiza distintos programas habitacionales para observar qué necesidades consiguen atender y qué dimensiones de la desigualdad permanecen fuera de su alcance.
A partir de una revisión documental, los autores encuentran un resultado central: México y Colombia han avanzado en políticas públicas de vivienda que nombran a las mujeres como población prioritaria, pero la inclusión de un enfoque de género estructural y transformador continúa siendo incipiente y fragmentada.
Priorizar a las mujeres: ¿qué cambia en la práctica?
En México, el paper identifica desigualdades tanto en el acceso al financiamiento como en la propiedad de la vivienda. En 2020, por ejemplo, solo el 34 % de los créditos hipotecarios de INFONAVIT fueron otorgados a mujeres, una diferencia que los autores presentan como una significativa brecha en el financiamiento habitacional.
Los datos sobre propiedad agregan otra dimensión. De los 23,9 millones de viviendas habitadas de propiedad privada registrados en México ese año, 17,4 millones contaban con escrituras. Entre sus propietarios, el 56,9 % eran varones y el 41,5 % mujeres.
Frente a estas desigualdades, distintas políticas comenzaron a incorporar a las mujeres entre sus poblaciones prioritarias. El Programa Nacional de Vivienda 2021–2024 incluyó la perspectiva de género como eje transversal y priorizó a mujeres jefas de familia, madres solteras y víctimas de violencia de género en la asignación de créditos y subsidios.
El paper analiza también el Programa de Vivienda Social de CONAVI, créditos con perspectiva de género de INFONAVIT, FOVISSSTE para Todos y el Programa de Mejoramiento Urbano, con sus respectivos alcances y limitaciones.
Hasta aquí podría parecer que incorporar una perspectiva de género consiste, fundamentalmente, en facilitar el acceso de las mujeres a vivienda, crédito o subsidios. No obstante, el marco utilizado por los autores obliga a hacer una segunda pregunta: ¿resolver una necesidad inmediata equivale a transformar las condiciones que producen la desigualdad?
Dar acceso y transformar la desigualdad no son lo mismo
El artículo propone una distinción que cambia la manera de leer una política habitacional. Por un lado, aparecen las necesidades prácticas de género: aquellas vinculadas con problemas inmediatos, como acceder a una vivienda, obtener un crédito o regularizar la tenencia. Por otro, están los intereses estratégicos de género, relacionados con dimensiones como el control de la propiedad y los recursos, la autonomía, la corresponsabilidad en los cuidados, la participación y la protección frente a las violencias.
Esta diferencia permite comprender dos conceptos centrales de la investigación. El enfoque MED —Mujeres en el Desarrollo— se centra en incorporar a las mujeres como beneficiarias sin cuestionar las estructuras existentes. El enfoque GED —Género en el Desarrollo—, en cambio, se orienta a transformar relaciones de poder y promover la equidad sustantiva.
Así, ampliar el acceso a una vivienda puede responder a una necesidad práctica sin modificar necesariamente las condiciones estructurales que producen desigualdad. Incorporar a las mujeres como beneficiarias no equivale, por sí solo, a transformar esas estructuras.
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¿Qué aparece cuando esta diferencia se lleva a los programas?
Para estudiarlo, los autores construyen una matriz que observa dimensiones como el nivel de intervención, el marco normativo, la población priorizada, el enfoque MED o GED, las necesidades prácticas y los intereses estratégicos, la igualdad formal y la equidad sustantiva, la participación, la interseccionalidad, la protección frente a las violencias y la evaluación con enfoque de género.
El resultado hace visible uno de los principales hallazgos del paper: las políticas analizadas se inscriben mayoritariamente en el enfoque MED.
Eso no significa que todos los programas respondan exactamente a la misma lógica. En México, la matriz señala que “INFONAVIT para todas” comienza a articular dimensiones GED, aunque sin una estructura institucional sólida. En Colombia, los programas nacionales analizados se mantienen dentro de MED, mientras determinadas iniciativas locales de Bogotá y Medellín incorporan elementos GED.
La matriz exige, además, una precaución fundamental: no fue construida para determinar qué país tiene mejores políticas. Los autores plantean explícitamente su análisis lejos de una comparación directa entre México y Colombia. El objetivo es hacer visibles avances, vacíos estructurales, potencialidades y limitaciones.
Matriz de análisis del enfoque de género en políticas habitacionales de México y Colombia: entre la inclusión instrumental (MED) y la transformación estructural (GED) / Anales de Investigación en Arquitectura | Vol. 15, N.º 2, julio-diciembre de 2025.
Y es precisamente al mirar esas iniciativas locales específicas donde aparecen otras dimensiones.
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Bogotá y Medellín: qué aparece al cambiar de escala
El paper sostiene que solo en iniciativas locales muy específicas, especialmente en Medellín y Bogotá, se vislumbra un avance hacia GED, con propuestas vinculadas con empoderamiento, participación y creación de entornos seguros.
En Medellín, el estudio describe Ciudad Mujer, un proyecto piloto que prioriza la asignación de vivienda de interés social para mujeres en situación de vulnerabilidad e incorpora espacios comunitarios seguros y accesibles, integración de servicios sociales y participación activa de las mujeres en la toma de decisiones.
El mismo análisis introduce inmediatamente un límite: existe un desfase entre la demanda y la capacidad de entrega de viviendas.
La participación también presenta diferencias. La matriz la caracteriza como baja en México. En Colombia, aparece como moderada en el nivel local y débil en el nacional. En sus conclusiones generales, los autores sostienen que la participación activa de las mujeres en el diseño e implementación de las políticas estudiadas continúa siendo débil o simbólica.
La interseccionalidad presenta otros vacíos: los instrumentos son inexistentes o marginales en México y parciales en Bogotá y Medellín, sin institucionalización nacional en Colombia.
Y aparece un problema adicional: la evaluación.
México no cuenta, según la matriz, con sistemas de monitoreo con enfoque de género. Colombia presenta informes locales en Bogotá y Medellín, pero sin institucionalización nacional.
La falta de evaluación impide saber si las políticas contribuyen al empoderamiento o lo obstaculizan.
La pregunta, entonces, deja de ser únicamente cuántas mujeres consiguen acceder a una política habitacional. También importa qué dimensiones de la desigualdad logra abordar esa política y cuáles permanecen fuera de su alcance.
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La vivienda tampoco termina en el acceso
El propio paper parte de una concepción de vivienda adecuada que excede la existencia de una unidad habitacional.
Recoge siete componentes: seguridad en la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación; y adecuación cultural.
Desde allí, el análisis de género amplía nuevamente la mirada. Junto con el acceso material aparecen cuestiones vinculadas con la propiedad, los recursos, los cuidados, la participación, la autonomía y la protección frente a las violencias.
El derecho a la vivienda no se limita al acceso físico a una unidad habitacional: involucra condiciones que hacen posible habitarla de manera adecuada.
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El resultado del estudio no propone una solución simple. Los autores encuentran avances en el reconocimiento de las mujeres dentro de las políticas habitacionales de México y Colombia, pero también una capacidad todavía limitada para atender intereses estratégicos de género y transformar las condiciones estructurales de desigualdad.
Por eso, en sus conclusiones plantean la necesidad de superar un enfoque centrado únicamente en el “techo” y avanzar hacia una visión de derechos con perspectiva interseccional, feminista y territorial.
La investigación deja así una pregunta abierta: ¿qué tendría que cambiar para que el acceso a la vivienda deje de ser solamente un alivio material y pueda convertirse en una herramienta de transformación social?
La matriz completa, los programas estudiados y los matices de esa discusión están desarrollados en Anales de Investigación en Arquitectura.
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