Esta es la tensión que atraviesa el artículo académico “Estética normativa, gobernanza urbana y subsistencia popular: tensiones en la rehabilitación urbana de Pereira (CO) y Morelia (MX)”, del Arq. Orlando Parra G., doctorando de la Universitat Rovira i Virgili de Catalunya, España, publicado en Anales de Investigación en Arquitectura.
A partir de más de 25 años de seguimiento, su paper compara procesos de rehabilitación urbana en las ciudades de Pereira y Morelia. El estudio se apoya en análisis documental, 25 entrevistas a actores clave y observación directa para estudiar la relación entre estética normativa, gobernanza urbana y subsistencia popular.
La investigación nace de una pregunta incómoda para cualquier política urbana: ¿puede la rehabilitación hacer más bella una ciudad si excluye a quienes la habitan?
En Morelia, la continuidad política sostuvo una estética normativa en el centro histórico, con efectos de exclusión social. En Pereira, la discontinuidad institucional permitió la reocupación del espacio público; esa reocupación evitó un colapso social explícito, aunque no resolvió la precariedad.
A este respecto, el paper muestra que la rehabilitación urbana en Pereira y Morelia no se sostiene solo con orden visual: requiere continuidad institucional, inclusión económica y reconocimiento de las formas de subsistencia que mantienen activo el espacio público.
Cuando el orden visual no alcanza para hacer ciudad
El artículo desmonta una equivalencia habitual en muchas intervenciones urbanas: mejorar la imagen del espacio público no significa, necesariamente, mejorar sus condiciones sociales.
Calles despejadas, fachadas visibles y recorridos más regulados producen una lectura urbana más homogénea. Esa homogeneidad, sin embargo, también puede desplazar prácticas cotidianas que sostenían ingresos, vínculos y formas de presencia en el centro.
En tal sentido, el paper llama estética normativa a la búsqueda de orden, limpieza, modernidad, patrimonio y control de la visibilidad urbana. En esa noción, la estética no aparece como gusto urbano, sino como una forma de regular presencias, usos y legitimidades.
Frente a ella aparece la estética popular: más heterogénea, menos regulada, ligada al comercio callejero, a la apropiación cotidiana y a formas de subsistencia que suelen ser leídas como “desorden”, aunque cumplen una función económica y social concreta.
La discusión no consiste en elegir entre orden y apropiación popular. El punto crítico está en reconocer qué condiciones permiten que esas formas de uso convivan sin borrar la subsistencia.
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Dos trayectorias para una misma pregunta urbana
Leídas juntas, Pereira y Morelia muestran que una misma promesa —ordenar el centro urbano— puede producir desenlaces muy distintos. En Pereira, el proceso se activó tras el terremoto de 1999, con el Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad Victoria sobre la zona de la antigua galería o mercado. La intervención reorganizó el centro y produjo, en una primera etapa, una imagen de mayor limpieza urbana.
Esa imagen no logró consolidarse. En los años posteriores, la falta de continuidad institucional, el fracaso de muchos bazares populares y la ausencia de alternativas económicas sostenidas favorecieron la reocupación masiva del espacio público. El comercio callejero volvió a aparecer allí donde la necesidad no había encontrado otra respuesta.
En Morelia, el proceso estuvo vinculado a la condición patrimonial del centro histórico y a la reubicación de la antigua Central Camionera. Allí, la continuidad política y la planificación sostenida permitieron consolidar una estética normativa durante más tiempo. El centro mantuvo mayor control visual y menor presencia de comercio ambulante estacionario en las áreas centrales.
Pero el orden sostenido no fue neutro: reorganizó ingresos, redes de apoyo y formas de permanencia en el centro. El paper no presenta Morelia como un éxito simple ni Pereira como un fracaso absoluto. Los lee como dos formas de mostrar un mismo problema urbano: una intervención física puede modificar el espacio, pero no reemplaza una política de inclusión.
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Estética normativa, estética popular y disputa por el espacio público
En el paper, el espacio público aparece como algo más que una superficie a ordenar: es un campo donde se disputan circulación, trabajo, patrimonio, turismo, seguridad, recreación, control institucional y vida cotidiana. Cada intervención hace visible una jerarquía: qué usos se protegen, cuáles se toleran y cuáles se desplazan.
La estética normativa busca producir una ciudad legible, ordenada y compatible con ciertos ideales de patrimonio, modernidad o competitividad urbana. Puede mejorar la circulación y la percepción de cuidado, pero también puede operar como dispositivo de exclusión cuando desconoce las economías populares que ocupan el espacio.
La estética popular no responde necesariamente a un diseño formal. Se expresa en puestos, recorridos, acuerdos informales, redes de clientes, horarios, objetos móviles y presencia cotidiana. Su valor no está en una composición visual, sino en la capacidad de sostener vida económica y social en el centro urbano. El comercio callejero aparece, entonces, con toda su ambivalencia: puede tensionar la circulación y el uso común, pero también revela necesidades económicas que la planificación no puede tratar como ruido urbano.
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Gobernar después de la obra
La comparación desplaza la atención de la obra a su sostenimiento. En Morelia, la continuidad política y la coordinación institucional mantuvieron la estética normativa del centro histórico. Esa continuidad sostuvo reglas, controles y decisiones durante un período prolongado. También consolidó un modelo vertical, con participación limitada y consecuencias sociales relevantes para quienes dependían del comercio en calle.
En Pereira ocurrió lo contrario. La intervención inicial tuvo fuerza política y capacidad de transformación, pero el seguimiento posterior se debilitó. El artículo describe ese período como una “orfandad institucional”: cambios de gobierno, falta de financiamiento, acuerdos fallidos y ausencia de acompañamiento suficiente para quienes habían sido reubicados.
Gobernar el espacio público no termina cuando se inaugura una obra. Empieza, en buena medida, después: cuando hay que sostener acuerdos, revisar impactos, financiar alternativas, acompañar transiciones y reconocer que la ciudad cambia con cada administración, cada crisis económica y cada nueva forma de subsistencia. La continuidad institucional importa, pero no alcanza si solo sostiene control. Para que una rehabilitación urbana sea duradera, también necesita construir legitimidad social.
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La subsistencia también hace ciudad
El comercio callejero no entra cómodamente en una sola categoría. Puede generar conflictos de circulación, higiene, competencia o uso del espacio. También sostiene ingresos, redes sociales, clientelas, memorias barriales y formas de acceso al trabajo para personas que muchas veces no encuentran alternativas en la economía formal.
Desplazarlo sin crear condiciones económicas viables no elimina el problema. En Pereira, muchos espacios de reubicación no lograron sostener clientela ni acompañamiento institucional suficiente. En Morelia, el orden estético se mantuvo, pero a costa de desplazar o debilitar economías populares.
La venta en calle reaparece cuando la necesidad que la sostiene no encuentra otra forma de resolverse. Cuando una política urbana no integra esa realidad, la obra puede revertirse, la precariedad puede moverse de lugar o la exclusión puede quedar menos visible.
Incorporar la subsistencia al urbanismo no significa aceptar cualquier ocupación sin reglas. Significa diseñar políticas capaces de negociar usos, garantizar condiciones sanitarias y de seguridad, generar alternativas económicas reales y reconocer que el espacio público también funciona como soporte de vida.
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Rehabilitar sin borrar: leer el paper para pensar políticas urbanas
Los casos de Pereira y Morelia abren una pregunta más amplia para los centros urbanos latinoamericanos: cómo intervenir sin reducir el espacio público a una imagen de “limpieza”.
Las recomendaciones de la publicación apuntan a fortalecer la gobernanza inclusiva, sostener la continuidad institucional, integrar soluciones socioeconómicas en los procesos de reubicación y replantear la estética urbana como campo de negociación.
La rehabilitación urbana no debería medirse solo por la mejora física de una calle, una plaza o una fachada. También debería evaluarse por su capacidad de proteger ingresos, sostener redes sociales, reducir vulnerabilidad y construir acuerdos entre actores con intereses distintos.
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El caso de Pereira muestra que el orden visual puede ser efímero si no se sostiene con políticas de largo plazo. El caso de Morelia muestra que el orden puede sostenerse, pero producir exclusión si no integra a quienes dependen del espacio público para vivir.
Al final, la pregunta inicial cambia de escala: ya no se trata solo de cómo se ve una intervención, sino de qué relaciones urbanas reorganiza. Quién pudo permanecer, quién perdió su lugar, qué economía se sostuvo, qué conflicto se desplazó y qué forma de ciudad se decidió hacer visible.
La lectura completa del artículo, publicado en Anales de Investigación en Arquitectura, la revista científica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT Uruguay, permite seguir con mayor detalle la comparación entre Pereira y Morelia, el análisis documental, las entrevistas a actores clave, la observación directa y los tres ejes que organizan el estudio: proyecto estético, gobernanza e impactos socioeconómicos.
Para quienes se forman en arquitectura, el caso deja una exigencia precisa: antes de intervenir el espacio público hay que comprender las economías, acuerdos y formas de vida que ya lo sostienen.
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